Tras 129 días de intensa fricción institucional, la incursión de Elon Musk en la administración de Donald Trump entra en su fase de cierre formal. Fue un episodio breve en duración, pero de profundo impacto sistémico: un experimento de ajuste fiscal acelerado aplicado desde el poder ejecutivo por el actor privado más influyente del capitalismo tecnológico contemporáneo.
Aunque su salida fue presentada como relativa —Musk conservaría un rol informal de asesor—, su paso por el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) alteró de manera sustantiva el funcionamiento del Estado federal, tanto en Washington como en la percepción internacional del modelo estadounidense de gobernanza. En términos económicos, Musk operó como un agente de consolidación fiscal extrema, aplicando lógica empresarial a una estructura pública diseñada para absorber fricciones políticas y sociales.
Ajuste fiscal agresivo
El mandato implícito de Musk fue claro: reducir el gasto público al límite políticamente tolerable. Los objetivos iniciales —US$2 billones, luego US$1 billón— se ajustaron hasta un umbral final mucho más modesto. DOGE afirma haber generado ahorros por US$175.000 millones mediante venta de activos, cancelación de contratos, reducción regulatoria y la salida de aproximadamente 260.000 empleados federales. Sin embargo, análisis independientes indican que dichas cifras carecen aún de trazabilidad técnica suficiente.
Estos recortes, aplicados con velocidad corporativa, produjeron costos institucionales significativos: litigios, órdenes judiciales de reincorporación y retrocesos tácticos en áreas sensibles, como la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, donde el propio gobierno reconoció riesgos operativos. Musk asumió públicamente la inevitabilidad del error en procesos de despido masivo, defendiendo la corrección rápida como virtud, no como falla.
Intersección entre poder político y capital privado
La presencia de Musk en el Ejecutivo reabrió un debate estructural: ¿puede un actor con intereses corporativos globales operar dentro del Estado sin conflictos de interés sistémicos? Su conglomerado —incluyendo Tesla, SpaceX y Starlink— mantiene contratos multimillonarios con el gobierno estadounidense y con estados extranjeros. La frontera entre asesoría pública y posicionamiento estratégico quedó deliberadamente difusa.
Los recortes impulsados desde DOGE se integraron a la doctrina America First, reorientando el gasto exterior y debilitando instrumentos históricos del poder blando de EE. UU., en particular USAID, donde más del 80 % de los programas fueron cancelados. El impacto fue inmediato en regiones vulnerables y reconfiguró la proyección internacional estadounidense hacia un perfil más transaccional y menos normativo.
Desinformación como variable política
El paso de Musk por la Casa Blanca también evidenció cómo la desinformación puede ascender al nivel de política de Estado. Declaraciones sin sustento empírico —desde teorías sobre el oro en Fort Knox hasta narrativas de “genocidio” blanco en Sudáfrica— trascendieron redes sociales para instalarse en espacios formales de decisión, afectando relaciones diplomáticas y credibilidad institucional. No se trató de anécdotas: fue una señal de fragilidad epistémica en la cúspide del poder.
Tensiones internas y contradicción fiscal
Finalmente, el experimento Musk reveló fisuras dentro de la propia coalición gobernante. Su crítica pública al nuevo proyecto presupuestario de Trump —que combina exenciones fiscales masivas con mayor gasto en defensa— expuso la contradicción central del trumpismo económico: predicar austeridad mientras se expande el déficit por la vía tributaria y militar. Para Musk, ese enfoque neutralizaba los efectos de DOGE; para otros sectores republicanos, era el precio político del poder.
En síntesis, el paso de Musk por el gobierno no fue un accidente ni una excentricidad: fue un ensayo de gobernanza tecnocrática radical, donde eficiencia, legitimidad democrática y estabilidad institucional entraron en tensión directa. Sus efectos —positivos o no— seguirán moldeando el debate sobre el rol del capital privado en el Estado, mucho después de su salida formal.