La falta de regulación en el uso de la inteligencia artificial, combinada con el poder manipulador de los deepfakes, representa un serio peligro para la confianza pública y el sistema de partidos políticos
Por: Bryan C. Jackson Lluberes
El autor es abogado y profesor universitario
En los sistemas democráticos modernos, la estabilidad de los partidos políticos y la legitimidad de los procesos electorales descansan sobre un bien intangible pero fundamental: la confianza pública. Esta confianza, aunque invisible, sostiene el delicado equilibrio que garantiza la estabilidad política, la gobernabilidad y la continuidad pacífica del orden democrático.Sin embargo, el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial (IA), y particularmente de los denominados deepfakes, amenaza con minar las bases mismas de ese frágil sustento.
La historia nos ofrece ejemplos de cómo las mentiras bien construidas pueden destruir reputaciones y provocar daños irreversibles. Hace más de dos mil años, durante el juicio a Jesús de Nazaret, se presentaron testigos falsos que lo acusaron de blasfemia y de amenazar con destruir el templo. Aquellos testimonios, aunque falsos, pesaron en la condena. La repetición de los falsos testimonios encendió a las multitudes, que terminaron exigiendo su crucifixión. Consumada la sentencia, no hubo marcha atrás; el daño estaba hecho, aun cuando su inocencia fue reconocida por muchos, después.
Hoy, en un escenario tecnológico muy distinto, pero bajo la misma lógica de manipulación, la inteligencia artificial, a través de los deepfakes, permite fabricar imágenes, voces y videos falsos, que, difundidas sin control, destruyen reputaciones políticas, manipulan elecciones y erosionan la confianza pública en las instituciones democráticas.
Los deepfakes —videos hiperrealistas generados por IA que falsifican la imagen y la voz de personas públicas— pueden mostrar a líderes políticos cometiendo actos que jamás realizaron: desde declaraciones ofensivas, hechos antimorales hasta conductas delictivas o de corrupción. A diferencia de los rumores o noticias falsas tradicionales, estas piezas audiovisuales tienen un enorme poder de persuasión emocional, capaz de generar impactos inmediatos e irreversibles en la percepción ciudadana.
En este contexto, la ciudadanía, al enfrentarse a estos audiovisuales falsificados con IA, rara vez pueden discernir por sí sola la veracidad del contenido sin asistencia forense especializada. Esto debilita la confianza en los actores políticos, alimenta la polarización extrema, genera desafección electoral y facilita la manipulación de las campañas por actores maliciosos, tanto internos como extranjeros.
La República Dominicana no está exenta de estos riesgos. La reciente apertura a las candidaturas independientes y la alta tasa de abstención en los últimos procesos electorales son indicios de una creciente desafección ciudadana hacia los partidos tradicionales y su confianza en el sistema electoral completo. Si a este clima le sumamos la posibilidad de campañas de desinformación basadas en deepfakes, el escenario podría desembocar en una crisis de legitimidad política y gobernabilidad.
El verdadero peligro no radica únicamente en la existencia de estas tecnologías, sino en la actual ausencia de un marco normativo que:
Permita la rápida identificación y desactivación de contenidos falsificados.
Establezca sanciones penales para los creadores y difusores de deepfakes maliciosos.
Proteja los derechos fundamentales al honor, imagen y reputación de los actores del sistema político y ciudadanos en general.
Certifique la autenticidad de los contenidos audiovisuales oficiales durante los procesos electorales.
Frente a este desafío, es imperativo que la República Dominicana avance hacia la implementación de una gobernanza ética de la IA, llevando al debate nacional algunas medidas claves como son:
Prohibir de forma expresa la creación y difusión de deepfakes en contextos políticos, especialmente en períodos electorales, con sanciones penales agravadas.
-Establecer el etiquetado obligatorio de contenidos generados o alterados por IA, permitiendo a la ciudadanía identificar estos materiales, y que a falta de esta se produzcan sanciones ejemplares y permita la eliminación oportuna de los medios digitales que así no cumplieran con estas indicaciones.
-Crear procedimientos judiciales sumarios, expeditos y libres de burocracia, mediante un sistema de competencia judicial claramente delimitado para conocer las acciones de amparo relacionadas con la difusión de contenidos falsificados. Este diseño deberá establecer márgenes de actuación precisos para los jueces, evitando la desnaturalización del amparo como instrumento de protección urgente de los derechos fundamentales, y permitiendo la eliminación ágil y efectiva de los contenidos que lesionen derechos al honor, la imagen, la dignidad o la reputación.
Imponer la obligación a las plataformas digitales de detectar y eliminar deepfakes maliciosos, así como cooperar activamente con la Procuraduría General de la República y demás autoridades dominicanas.
-Desarrollar campañas de alfabetización digital que doten a los ciudadanos de herramientas y conocimiento mínimos para detectar manipulación mediática.
Este marco regulatorio encuentra sólido respaldo en la Constitución dominicana a través de los artículos 8, 49 y 216, así como en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Nuestras ideas no procuran en modo alguno de frenar el desarrollo tecnológico y sus aportes, sino de asegurar que su uso respete los principios fundamentales del Estado de derecho, la dignidad humana y la convivencia democrática. Si no se actúa a tiempo, la inteligencia artificial podría convertirse en un arma silenciosa que, mediante la manipulación audiovisual, desintegre los tejidos de representación democrática y conduzca a crisis de gobernabilidad de gran magnitud.
Prevenir esta deriva autoritaria y blindar la confianza pública son, hoy más que nunca, responsabilidades necesarias del Estado dominicano.