El Tribunal de Apelación de Francia confirmó este miércoles la sentencia contra el ex presidente Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias, y le ordenó llevar durante un año una pulsera electrónica, la primera vez que un ex jefe de Estado lo hace.
Sarkozy, que ya había sido declarado culpable de intentos ilegales de obtener favores de un juez, “evidentemente” respetará los términos de la condena tras el veredicto del Tribunal de Casación, pero ahora recurrirá el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, indicó su abogado a la agencia de noticias AFP.
Sarkozy, de 69 años, deberá comparecer antes de un mes ante un juez de libertades y detención, que establecerá las modalidades en las que llevará el brazalete electrónico y otras condiciones de su arresto domiciliario.
El ex presidente sufre así un enorme revés jurídico, uno más de los que le está reservando la justicia desde su salida del Elíseo en 2012, derrotado por el socialista Farnçois Hollande.
Aunque apartado de la primera línea política, Sarkozy sigue teniendo una gran influencia en la derecha francesa y mantiene contactos regulares con el actual presidente, Emmanuel Macron.
Además, es un habitual del palco del Parque de los Príncipes, sus libros se convierten en grandes éxitos de ventas y encadena las dedicatorias por todo el país, pese a la cargada agenda judicial que arrastra, que ha derivado en una primera condena final en el país.
Lo es por un caso de corrupción y tráfico de influencias, conocido en Francia como el ‘caso Bismuth’, en referencia al nombre falso que eligió Sarkozy para abrir una línea telefónica secundaria.
Supuso la primera condena para el ex presidente, dictada por el Correccional de París en marzo de 2021, pena confirmada en apelación en mayo de 2023, a tres años de cárcel, aunque solo uno efectivo, con la posibilidad de cumplirlo en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico, pena que ahora ha confirmado el Supremo.
Las pesquisas se abrieron cuando los investigadores, que tenían bajo escucha los teléfonos de Sarkozy en 2014 en el marco de otro caso, descubrieron que su abogado le había abierto una línea secundaria con la que mantenían comunicaciones y que también fue pinchado.
En las escuchas descubrieron conversaciones que apuntaban a un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias.
En concreto, Sarkozy y su abogado hablaban de contactos con un magistrado, Gilbert Azibert, al que pedían datos sobre la instrucción de otra de las acusaciones contra él a cambio de que el ya ex presidente usara su influencia para conseguirle un puesto honorífico en Mónaco.
Esas escuchas sirvieron para abrir una investigación que acabó por convertir a Sarkozy en el primer ex presidente francés en sentarse en el banquillo de los acusados, ya que Chirac no lo hizo por razones médicas.
Sarkozy tiene por delante un largo rosario de cuentas pendientes con la justicia.
La más inmediata llegará el próximo 6 de enero, cuando se abra el juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, un proceso al que podría acudir ya con el brazalete electrónico.
En ese juicio, previsto hasta el 10 de abril, se sentarán en el banquillo de los acusados dos de sus ex ministros del Interior, Claude Guéant y Brice Hortefeux.
Sarkozy, que ganó aquellas presidenciales frente a la socialista Ségolène Royal, afronta una pena de hasta diez años de cárcel.
También colea el caso de la financiación ilegal de la campaña de 2012. En febrero pasado fue condenado en apelación a un año de cárcel, de los cuales solo la mitad con cumplimiento y también con un brazalete electrónico, que el presidente no lo lleva aún porque recurrió también ante el Supremo, que no se pronunciará hasta el segundo semestre de 2025.
En este escándalo, fue condenado por haber superado con creces, de 22,5 millones a casi 44 millones, los límites de gasto en su campaña, a través de un sistema de falsas facturas que le permitieron disimular la inversión en sus costosos mítines.