Dolores Fernández llama un contrato social para garantizar los derechos a la identidad

SANTO DOMINGO. – La miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), Dolores Fernández Sánchez, al hablar de la trascendencia y el impacto de la Ley 4-23, Orgánica del Estado Civil y su reglamento de aplicación, señaló que esta toca el orden jurídico dominicano.

“Esta ley impacta fuertemente las leyes 169-14 (sobre la naturalización), la 172-13 (sobre la protección de datos), la 129-11 (orgánica sobre el TSE), la 198 (sobre los matrimonios religiosos) …y un grupo de leyes importantes”, puntualizó Fernández Sánchez.

Durante la conferencia «Impacto de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil, 4-23 y su Reglamento de Aplicación», en una actividad que se desarrolló en el Centro Cultural Ateneo Dominicano, entidad que celebró su 154 aniversario, la miembro titular del Pleno de la JCE, invitó a un contrato social para poder garantizar derechos, al señalar que el primero en los derechos fundamentales es la identidad.

“El contrato social es comprometernos cada uno de nosotros y ver que cada ciudadano y ciudadana estén declarados”, manifestó, al agregar que “el impacto de esta ley se va a medir cuando se respeten los derechos fundamentales y la dignidad humana”.

Sobre qué trae la Ley 4-23, Fernández Sánchez dijo que es moderna y que la modernidad en el registro civil trae cambios.

“El cambio implica tomar en cuenta lo que son los valores tangibles de la buena gobernanza, que es transparencia, es rendición de cuentas y capacidad de respuesta, eso es lo que busca la ley”, manifestó.

Recordó la Ley 169 (derogada) no tenía los principios que sí tiene la actual Ley 4-23: los de eficacia, de celeridad, actuar de oficio de legalidad y también la interconexión o interoperabilidad, creando un matrimonio sin divorcio entre las direcciones de Informática y de Registro Civil.

“Hoy hablamos del gobierno digital, inteligente y electrónico lo que significa que estamos en la sombrilla de la Burocracia Cero”, dijo, al añadir que para ello tienen acuerdos con las Fuerzas Armadas, con el Tribunal Superior Electoral (TSE), La Dirección de Pasaporte, la Dirección de Migración, el Ministerio de Educación (MINERD), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el Sistema Nacional de Salud (SNS), la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Interior y Policía.

Fernández Sánchez dijo que no basta que la Ley 4-23 sea moderna o democrática y que venga a simplificar, sino que tiene que haber disposición, entrega y presupuesto, porque para tener un resultado eficiente y eficaz se necesita de una plataforma fuerte. 

Ley 4-23 llama a eliminar subregistro

La miembro titular de la JCE dijo que la institución está caminando de la mano con la modernidad, pero que no basta solo con las novedades, al puntualizar que en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el objetivo 16, ordinal 9, la institución tiene un compromiso sagrado: trabajar por la eliminación del subregistro.

“La Ley 4-23 permite atacar el subregistro. Estamos obligados a hacerlo y estamos trabajando fuertemente porque debe ser uno de los temas centrales de la JCE, ya que la identidad te abre las puertas a ser parte de las políticas públicas”, dijo. 

Entre otros aspectos que viene a fortalecer esta ley, la miembro titular señaló el artículo 74, sobre nombres que atentan contra la dignidad; el artículo 118, que habla de las reconstrucciones; el artículo 179, que amplió algunos plazos; el artículo 111, que aborda la validación de un folio después de la clausura; el artículo 107, sobre las nulidades administrativas, haciendo énfasis en todos los casos resueltos gracias a la nueva normativa.

Finalmente, Dolores Fernández Sánchez dijo que en el impacto que tendrá la Ley 4-23, hay que tener en cuenta que se puede garantizar la identidad social, la identidad legal y la identidad biométrica, porque “solo garantizando el derecho a la identidad vamos a lograr lo que es el Estado democrático de derecho”.

La ley 659 (derogada) de 113 artículos tenía 78 años de vigencia y fue sustituida por la Ley 4-23, que tiene 221 artículos y responde al nuevo paradigma del registro civil, que son todos los documentos probatorios ante la sociedad, el Estado y la Familia.

Previo a la conferencia, la presidenta del Centro, Betty Vargas Acosta, ofreció las palabras de bienvenida, reiterando el compromiso de la institución con la cultura, la educación y el arte en todas sus manifestaciones.